Les comparto mi artículo publicado en la Revista Contenido, en el número del mes de noviembre.
"A mediados de 1990, los mexicanos trabajando en los Estados Unidos tenían casi 30% más de probabilidad de morir con respecto a los trabajadores que nacieron en los Estados Unidos; en el 2002 tenían casi 80% más probabilidades." Según datos de la Associated Press del 2004, el reporte agrega que los mexicanos tienen el doble de riesgos de morir en el lugar de trabajo que el resto de las poblaciones de trabajadores inmigrantes. Muchos de ellos menores de edad, los mexicanos aceptan trabajos de alto riesgo y, en la mayoría de los casos, no reciben entrenamiento previo ni equipo de seguridad.
Eliberio trabajaba en Carolina del Sur para la industria de la construcción. Un muro se desplomó y le causó una parálisis por varios años. Como la mayoría de los trabajadores cuando se accidentan gravemente, Eliberio regresó a su casa, en Zacatecas?. En los Estados Unidos las leyes de compensación al trabajador son estatales, en muchos de lo estados piden que el trabajador vaya personalmente a testificar. Sin embargo, una vez que se regresa a México, sin visa de trabajo, volver al país del norte se dificulta. Eliberio acudió al
Centro de los Derechos del Migrante que lo vinculó con un abogado en Carolina del Sur, y pidió para él una visa humanitaria con el fin de que pudiera viajar y defender su caso. Finalmente recibió su indemnización.
Un síntoma del fenómeno de los trabajadores migrantes es asumir que no poseen derecho alguno, ni en el ámbito humano, ni en el laboral; lo que se traduce en una realidad terrible, porque de alguna manera tanto ellos, como la sociedad, aceptan el papel de “fuera de la ley” que las políticas migratorias les asignan. La ley de Arizona y otros decretos similares que criminalizan a los migrantes, dan la impresión de que hablar de derechos laborales para “ilegales” es una contradicción. Síntoma que, por un lado, revela la vulnerabilidad que significa cruzar la frontera y trabajar en un país extranjero y por el otro, pone en relieve las causas que los mueven a desplazarse: sus mínimos derechos como ciudadanos y como seres humanos no están garantizados en su país de origen. Incluso aquellos que son trabajadores legales o poseen una visa de trabajador huésped, se sienten atemorizados y no se atreven a exigir justicia y hacer valer sus derechos, por miedo a ser deportados o incluidos en una lista negra que les impida quedarse en Estados Unidos o cruzar de nuevo la frontera.
Mientras en México el desempleo crece, en Estados Unidos la agroindustria, que depende de la escasa paga que le ofrecen a los agricultores mexicanos, se fortalece. Se calcula que en el 2005 emigraron 121,000 trabajadores huéspedes al país vecino para hacer labores "no especializadas". De ellos, unos 32,000 trabajaron en agricultura y los demás (unos 89,000) en silvicultura, procesamiento de mariscos, jardinería, construcción y otras industrias no agrícolas. Para tener un mayor control de esta población y responder a las demandas de la industria, la administración americana desarrolló el programa federal de trabajadores huéspedes que permite el ingreso a una cantidad controlada de trabajadores de otros países por un tiempo corto. Con un visado temporal (las visas H-2 para trabajadores huéspedes no calificados y las H-2A para trabajadores agrícolas de temporada) el jornalero huésped ingresa al país sólo en condición de empleado de alguna compañía, dependiendo su permiso de estancia de aquél que lo ha contratado de antemano. Se le deporta inmediatamente si deja de trabajar para esa empresa, sin importar si renunció, lo corrieron o se lastimó y está impedido para trabajar. A pesar de que tener un contrato y un permiso de residencia, debería asegurar la protección laboral por la ley, los trabajadores huéspedes son comúnmente abusados por parte de los contratistas.
En la última década han aparecido organizaciones y movimientos que luchan por los derechos laborales de los migrantes y abren un espacio para que ellos puedan dar testimonio de las injusticias de las que han sido objeto y hacerse escuchar por las instituciones. Desde septiembre del 2005, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) con oficina en Zacatecas, una organización sin fines de lucro, defiende frente a las instancias legales a los trabajadores que no recibieron sus pagos, que tuvieron problemas con sus empleadores o que se lesionaron en su lugar de trabajo. El CDM no sólo implementa programas en varios lugares de la República proporcionando información y educación sobre derechos laborales, si no que también provee, de manera gratuita, servicios legales en colaboración con bufetes de abogados en Estados Unidos. Todo inició cuando la fundadora, Rachel Micah Jones ejercía como abogada de trabajadores agrícolas con visa H2A en Florida. Ella se trasladó al campo de trabajo para ver si las condiciones eran óptimas, pero los trabajadores se negaron a manifestarle sus problemas. Rachel convocó, algunos meses después, una reunión en Zacatecas y reconoció algunos rostros que había visto en Florida. Ya en México, los migrantes se sentían con mayor confianza y seguridad para hablar de su experiencia laboral. Ella hizo
siete entrevistas que resultaron en los primeros siete casos que defendió el CDM. Operan desde Zacatecas, región que cuenta con uno de los programas de trabajadores huéspedes más importante de la República, tomando en cuenta que el 50% de los zacatecanos vive en el extranjero y las remesas son la mayor fuente de ingreso del Estado.
Una de las injusticias que padecen comúnmente, es que los gastos relacionados con la visa y el transporte, que deberían ser cubiertos por los patrones, no les son reembolsados. Hay que tomar en cuenta sus gastos: 15 dólares de la visa, 35 de papeleo, 35 para el pasaporte, 115 de gastos de consulado y un impuesto de 100 dólares del gobierno Mexicano, además del transporte y algunas veces noches de hotel y comidas por 70 dólares mientras esperan al camión de la compañía que los llevará a su lugar de trabajo. Algunos invierten hasta 2000 dólares para financiar el viaje, al primer mes reciben un cheque de 200, no sólo los cobros de contratación y transporte no les fueron reembolsados sino que su paga mensual está por debajo del salario mínimo. Una de las victorias del CDM fue lograr que el grupo Brickman, una de las empresas más importantes de jardinería, reembolsara a los trabajadores los gastos de transporte y la diferencia para alcanzar el salario mínimo.
El movimiento por los derechos laborales de los trabajadores migrantes cuenta ya con una historia y algunas victorias. Por ejemplo en el 2004, la organización conocida como la FLOC (Farm Labor Organizing Committee) logró movilizar a los campesinos en la industria de la fresa y el tabaco. Aseguró contratos para más de 10,000 trabajadores con visas de trabajadores huéspedes H-2A. El 1 de mayo del 2006, una marcha de millones de trabajadores exigiendo reformas a las leyes de migración, sentó un precedente en la historia de los inmigrantes en Estados Unidos. Estas manifestaciones hacen las veces de sindicatos y de movimientos sociales, educan a los trabajadores sobre sus derechos y militan por una mayor consciencia en la sociedad acerca de las condiciones de marginalidad y las injusticias que se cometen. Pero además, partiendo del principio de los sindicatos, la unión hace que los trabajadores se sientan apoyados. No están solos. Día con día se convierten en una fuerza que participa en la democracia exigiendo justicia.
"Centro de los Derechos del Migrante, Inc"
Calle Víctor Rosales #164
Col. Centro, Zacatecas, Zac., Mexico
C.P. 98000
Llamada gratis desde EU: 1-800-401-5901
Llamada gratis desde México: 01-800-590-1773
Tarifas normales de Tel: (52)-492-925-2510
Fax: (52)-492-925-2511